Gobernar es prever-Bonasso

Con uno de sus fotogénicos shows en el pabellón de Olivos, el Gobierno presentó la reglamentación de la Ley de Bosques (ley 26.331) como un logro de gestión, cuando en realidad se trató de cumplir una obligación que demoró durante catorce meses, o por lo menos once, si restamos los tres que la propia norma establecía para dictar el correspondiente decreto reglamentario.

La ley fue promulgada por el Ejecutivo en diciembre de 2007 y recién en julio de 2008 la anterior secretaria de Ambiente Romina Picolotti presentó un texto reglamentario que se quedó dormido en algunos cajones oficiales hasta que el lodo trágico de Tartagal hizo volar puentes e hipocresías.

El primer reflejo de los funcionarios, tanto nacionales como provinciales, fue presentar la catástrofe como “desastre natural”, ajena al ecocidio forestal que se viene perpetrando en Salta y otras provincias norteñas, pero la celeridad en recordar lo que olvidaron durante catorce meses parece una tácita admisión de que el desmonte y la tala (maderera, petrolera) algo tuvieron que ver con el desborde del río Tartagal.

El barro, desgraciadamente, resultó didáctico. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, descubrió la “pobreza estructural” del país que preside.

El senador Daniel Filmus, titular de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Cámara alta, descubrió el jueves último que era imprescindible reglamentar la Ley de Bosques cuanto antes. Eso sí, en acuerdo con el Cofema (Consejo Federal del Medio Ambiente), el organismo que las provincias con intereses sojeros y madereros utilizaron como valladar para impedir y luego acotar la Ley de Bosques. Lo mismo que planteó al asumir el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Homero Bibiloni.

El Cofema, como bien lo sabe el senador Filmus, está presidido actualmente por Julio Nasser, ministro de Ambiente de la provincia de Salta. Casualmente el funcionario que en mayo del año pasado dejó cesante a la antropóloga Catalina Buliubasich, que en aquel entonces era secretaria de Política Ambiental y había demostrado celo para frenar 18 (dieciocho) grandes desmontes.

Los detuvo respetando el espíritu de la Ley de Bosques y amparando a las comunidades wichis que no habían sido convocadas a las correspondientes audiencias públicas. Que ella tenía razón y no su jefe Nasser quedó demostrado hace poco cuando la Corte Suprema hizo lugar al reclamo de los pueblos originarios y mandó suspender los desmontes. Posiblemente el senador Filmus no desconoce tampoco que el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, aún no ha presentado el mapa de ordenamiento territorial de los castigados bosques salteños. La legislatura provincial, controlada por los adictos al ex gobernador Juan Carlos Romero, había promulgado una ley de ordenamiento territorial que autorizaba el desmonte de “apenas” un millón seiscientas mil hectáreas. Parece que en su momento a Urtubey no le habría parecido una cifra justa. ¿Pensaba en dos o tres millones como dicen algunas fuentes? Veremos que pasa el 26 de marzo próximo, que es el límite temporal fijado por los legisladores a Urtubey para presentar el mapa. Ante el desastre de Tartagal es válido conjeturar que no se atreverá a seguir permitiendo el ecocidio que patrocinó su antecesor Romero.

Filmus y Urtubey son coautores del libro Argentina 200 años. Un modelo para debatir, que presentaron en diciembre pasado con sus respectivas ONG: el Centro de Estudios Porteños y la Fundación Espacio de Ideas. Esperemos que quede algún quebracho en pie para el Bicentenario. El secretario de Ambiente, Homero Bibiloni, descubrió que las grandes catástrofes suelen fomentar el oportunismo político, sin reparar que se lo podía incluir rápidamente en el casting. Convertir un acto administrativo, como es la reglamentación de una ley vigente, en una seudopropuesta de política ambiental evacuada en un discurso colegial, lo ubican en la categoría más baja del oportunismo: la de los oportunistas sin sentido de la oportunidad. Echarle la culpa de la mora en la reglamentación a su antecesora Romina Picolotti habla muy mal de esa lealtad a la que suelen referirse asiduamente muchos políticos del PJ bonaerense.

El jefe de Gabinete, Sergio Massa, descubrió que debe reasignar una partida presupuestaria especial porque no hubo ninguna previsión para la Ley de Bosques en el actual presupuesto. Cuando se lo advertí en la Cámara de Diputados durante su comparecencia, se refirió elípticamente a una llamada oficiosa que me había hecho la secretaria Picolotti informándome sotto voce que reasignarían una partida de 400 millones para implementar la norma. La ley establecía la creación de un Fondo de Compensación de mil millones de pesos para que las provincias pudieran compensar a los productores a quienes no se les autorizaran desmontes. Un añadido que hizo el Senado y acepté en Diputados para que frenasen de una vez por todas la tala indiscriminada.

En estos días de luto para los sufridos habitantes de Tartagal, que ya fueron víctimas de la privatización de YPF y de otra inundación previa en 2006, muchos periodistas me preguntaron si esta tragedia hubiera podido evitarse deteniendo a tiempo la deforestación salvaje que ha sufrido Salta y otras provincias norteñas. Yo creo sinceramente que sí. Las demoras en materia de previsión ambiental suelen ser trágicas e irreparables.

Hace tiempo que lo vengo advirtiendo, con una serie de proyectos legislativos como el de preservación del área natural del Chaco salteño (mayo 2004); el de emergencia forestal (agosto 2004) y la Ley de Bosques (mayo 2006).

Ya van tres años con la Ley de Bosques. Primero costó un año imponerla en Diputados; luego otro en el Senado y finalmente catorce meses para que la reglamentara el Ejecutivo. En 2006 se desmontaron 300.000 hectáreas en todo el país; en 2007 (mientras la ley deambulaba en las cámaras) el ex gobernador Romero –que ahora tiene el caradurismo de pedir que se frenen los desmontes– otorgó permisos para desmontar 478.000 hectáreas, solamente en Salta. Juzgue el lector por sí mismo. Mientras tanto, un nuevo peligro se cierne sobre el medio ambiente y no creo que sea de “soldado verde” denunciarlo: el veto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a la ley de glaciares puede conducirnos a otro desastre ambiental de proporciones.

Esperemos que no lo “descubran” en Olivos cuando sea demasiado tarde. Gobernar es prever.